Resulta sorprendente que un Ministro de detalles técnicos de pruebas electrónicas, y es lo que hizo el Ministro Rubalcaba en Hora 25.
De nuevo sin entrar en las peligrosas implicaciones políticas, vale la pena escuchar las explicaciones del Ministro.
Hoy entra en vigor el Real Decreto 1671/2009, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
De las alegaciones que AEDEL hizo llegar durante el plazo de información pública, sólo alguna de ellas se han tenido en consideración. Otras, como la trazabilidad, los protocolos de actuación judicial en estos entornos, así como terceras partes que verifiquen y den fe de la efectiva disponibilidad de las sedes electrónicas, no han tenido tan buena acogida.
Habrá que esperar al nuevo reglamento sobre el esquema nacional de seguridad para ver si, ahí, vemos solventadas estas cuestiones. Porque no todo se salva con la presunción de veracidad a favor de la Administración y sus funcionarios.
Imagen extraída de “Así funciona SITEL”.Vista en La información (el original en formato flash)
Dejando a un lado las disputas políticas, a una asociación como la nuestra no puede por menos que interesarle el debate abierto alrededor de las garantías evidenciales de las grabaciones telefónicas realizadas con el sistema SITEL.
No entramos ni salimos sobre la acusación de “Gran Hermano” que se le hace al sistema, pues hemos de presumir que todas las intervenciones de las comunicaciones que se efectúen en nuestro país se harán con las preceptivas órdenes judiciales, estableciendo el sistema los remedios de la nulidad de actuaciones cuando un juez exceda los límites de la ley y la constitución.
Sabemos que es un debate interesado; aún así que se discuta desde algunos sectores de la fiscalía sobre los problemas de integridad de las grabaciones, de la necesidad de que vayan firmadas y de que se garantice la autenticidad del contenido del DVD que el juzgado recibe, no son cuestiones, como sabemos, carentes de importancia; y, aunque sea en un contexto de batalla política, es bueno que se genere conciencia de la necesidad de implantar criterios estrictos de integridad, complitud y autenticidad a las pruebas electrónicas. Para eso nacimos como asociación.
Sólo desear que el debate, descargado de su “plomo” político resulte en una mejora de la normativa existente y en una reflexión legislativa en profundidad sobre los requerimientos de seguridad reforzados que hay que exigir a las pruebas electronicas.
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